Pueblos originarios y diputados avanzan para prorrogar la Emergencia Territorial Indígena

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Se trata de la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

Representantes de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados informaron que impulsarán un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

«El gobierno provincial siempre ha tenido una actitud de obstrucción de derechos no solo con esta ley sino con otras menos complicadas como la Ley de Educación intercultural Bilingüe, o en casos que traen situaciones de tensión, órdenes de desalojo y funcionarios judiciales que desconocen la ley», sostuvo Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esa organización fue una de las que se movilizó al Congreso el 6 de octubre detrás de una bandera del ancho de la Avenida de Mayo con la consigna «Prórroga y presupuesto necesario de la Ley 26.160 ya».

En tanto, este martes comunidades y organizaciones indígenas realizaron un «abrazo» al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Los principales puntos de coincidencia de las comunidades son la necesidad de prorrogar la norma sancionada en 2006 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan, dispone un relevamiento catastral y suspende todo proceso de desalojo-, la inclusión de partidas presupuestarias y la exigencia a los gobiernos de implementar la norma.

Tras la movilización fueron recibidos por diputados del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el Congreso. La diputada Paula Penacca estuvo en la reunión y dijo a Télam que «el compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no solo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida».

El diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también participó y dijo a Télam que «es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios» y que en ese sentido, lo primordial «es la prórroga de la Ley 26.160».

Para Alderete «ha habido muchas desprolijidades y mucho abuso» sobre los territorios que «deberían ser protegidos o tener un esquema de uso que permita que los pueblos que los habitan hace cientos de años puedan seguir manteniendo su cultura y costumbres».

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, expresó a esta agencia que se trata de «una ley histórica» porque «por primera vez el Estado asume la responsabilidad de llevar adelante un relevamiento para conocer en donde viven las comunidades originarias en el país, y cuál es el reclamo por sus territorios». Sin embargo, «a 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado», agregó.

Foto: Pablo Añeli.

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